Daniella Vera Alam Valencia.- Este viernes 14 carabobeños perdieron sus empleos como consecuencia directa de una disposición del Gobierno Nacional. En horas de la mañana, el presidente de CNB, Nelson Belfort, visitó la sede de CNB 100.1 FM en Valencia para liquidar a sus trabajadores, pues luego de salir del aire hace un mes, el negocio se hizo insostenible. Sólo quedaron cuatro personas, el número mínimo necesario para que Llanerísima 1470 AM pueda seguir transmitiendo desde su misma sede.
Los equipos de la radio en frecuencia modulada fueron apagados a las 8 de la mañana del sábado 1 de agosto, y en seguida un grupo de ciudadanos se concentró en la estación para expresar su rechazo a la medida. La noche anterior, el ministro de Obras Públicas y director de la Conatel, Diosdado Cabello, anunció que 34 medios audiovisuales debían cesar en sus operaciones. De ellos, cinco pertenecían al Circuito Nacional Belfort. Además de Valencia, se transmitía en Punto Fijo por “Falconiana” 96.1 FM, en Maracaibo por “Zuliana” 102.1 FM , en Rubio por “Tachirense” 94.5 FM y en Caracas por CNB 102.3 FM.
A mediados de esta semana, la directiva de CNB liquidó a los empleados de “Zuliana” y “Falconiana”, y en la próxima se repetirá la medida en “Tachirense” y CNB Caracas. En total, 75 personas directas perderán sus empleos, sin contar con los productores nacionales independientes y todos los demás trabajos indirectos que generaban las emisoras.
La compañía conservó al personal de Valencia durante agosto, a pesar de que sólo transmitían por Internet y de que “a partir del primero de este mes nuestros ingresos pasaron a ser automáticamente cero”, admitió Belfort, que se encontraba visiblemente conmocionado después de la reunión en la que explicó la delicada situación a los empleados.
Persiste la ilegalidad
Nelson Belfort, quien además preside la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, sostiene que la medida ordenada por el ministro Cabello es ilegal e inconstitucional. En Valenciana 100.1 FM se trató de un problema sucesoral, ya que cuando falleció el concesionario original, Nelson Belfort Yibirín, sus parientes tramitaron los documentos necesarios para obtener el derecho respectivo. Pero el Gobierno nunca hizo el trámite para autorizarlo.
A diferencia de lo que asegura el Ejecutivo, la medida no perjudica sólo a los empresarios. “Estamos hablando de libertad de expresión, de derecho al trabajo, de poder escoger la emisora que uno quiera. Son derechos humanos fundamentales que están súper tipificados en las leyes y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela”, aseveró Belfort.
El 13 de agosto se introdujo un pliego ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se explicaba la ilegalidad de la medida y se solicitaba un amparo mientras se definía la situación. También presentaron sustentos demostrando que las radios podían permanecer al aire legalmente y otro documento expresando los atropellos que la disposición representaba sobre el derecho al trabajo y la libertad de expresión. Todavía no les han dado respuesta.
Un amargo adiós
Con papeles en manos y la mirada apagada, los trabajadores salían uno a uno de la oficina donde concretaron su partida de la empresa en la que algunos estuvieron hasta 10 años trabajando. Mientras los apretones de manos, abrazos y lágrimas sirvieron para despedirse de quienes dejarán de ver a diario, la falta de palabras dejó abierto el espacio para que, resignados e impotentes, encogieran sus hombros y se marcharan por el mismo camino que cada mañana atravesaron para obtener el sustento de sus hogares.
Desde este viernes, operadores, locutores, recepcionistas, personal de administración y de mantenimiento, deberán comenzar la búsqueda de trabajo. Mabel Coronel tenía los ojos rojos de llorar y estaba demasiado afectada para poder ofrecer sus declaraciones sobre la situación. Tenía 10 años trabajando como recepcionista en la emisora.
Pero Mabel no fue la única. Maicol Urrutia, operador de máster, explicó que a todos se les salieron las lágrimas mientras sus jefes les agradecían por las labores desempeñadas y les expresaban su orgullo de haberlos tenido entre su personal.
Confiesa que está preocupado porque no sabe cómo mantendrá ahora a su hija de 6 años. “Me siento con la mente nublada, sin saber qué hacer. Habrá que empezar a tomar fuerza, tocar puertas y llamar a amigos a ver qué se puede hacer”.
Algunos de los afectados comentaron que la medida del Gobierno tuvo un evidente motivo político. Lamentan que no se tomó en consideración la estabilidad laboral de los trabajadores, que tanto se ufana el Presidente de defender. ppmt2009.-
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