El Caracazo o Sacudón
fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela relacionados con medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzaron el 27 de febrero en Guarenas y finalizaron el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3000 desaparecidos.
Causas económicas
Artículo principal: El Gran Viraje
La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina mientras el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual.
En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3 879 024 votos, 52,91 % de los sufragantes. Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto de la producción como en los precios de los bienes, proponiendo una progresiva desregulación a través del programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", también conocido como El Gran Viraje.
Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social
Las principales medidas anunciadas fueron:
• Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.
• Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
• Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
• Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
• Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
• Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.
• Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.
• Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.
• Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
• Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.
• Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
El Caracazo fue una de las consecuencias y agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela desde el comienzo de la crisis económica e institucional. El programa de gobierno fue modificado tras los hechos; Carlos Andrés Pérez convocó un Consejo Consultivo en el que estuvo también la oposición, en un intento de reconducir la situación social de Venezuela. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989, lo cual permite un respiro democrático.
El clima de descontento popular agravado por el Caracazo fue seguido en 1992 por dos intentos de golpe de estado: uno en febrero y otro en noviembre. Se trataba de una logia conspirativa que venía operando en el ejército desde 1982 y que ya tuvo un intento de golpe también frustrado en octubre de 1988. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la clase política y del bipartidismo tradicional, junto con el paquete de medidas aplicado hicieron propicio el momento para las intentonas golpistas que el presidente Pérez logró frustrar.
En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la presidencia por designación del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1994. El teniente coronel Hugo Chávez, uno de los conspiradores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído su caso por el presidente Rafael Caldera. Restituido en sus derechos políticos, el coronel golpista se presentaría posteriormente a las elecciones de 1998. Y las ganó. Ese sería el fruto político se la sedición que supuso el Caracazo, de la conspiración militar urdida durante décadas por un grupo considerable de mandos militares intermedios y del descontento y frustración de los venezolanos del momento.
Cifras
• Muertes: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, a consecuencia de una solicitud a los tribunales de Enrique Ochoa Antich a la sazón Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Italo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
• Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.
• Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. En la Pastora sólo quedó en pie el Abasto "El Guanábano", gracias a la protección de la Catequista "Alicia de Luis Ramos" y su hijo "Juan Miguel Luis Ramos"
• Incendios en Caracas: 154
Causas económicas
Artículo principal: El Gran Viraje
La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina mientras el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual.
En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3 879 024 votos, 52,91 % de los sufragantes. Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto de la producción como en los precios de los bienes, proponiendo una progresiva desregulación a través del programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", también conocido como El Gran Viraje.
Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social
Las principales medidas anunciadas fueron:
• Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.
• Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
• Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
• Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
• Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
• Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.
• Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.
• Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.
• Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
• Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.
• Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
El Caracazo fue una de las consecuencias y agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela desde el comienzo de la crisis económica e institucional. El programa de gobierno fue modificado tras los hechos; Carlos Andrés Pérez convocó un Consejo Consultivo en el que estuvo también la oposición, en un intento de reconducir la situación social de Venezuela. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989, lo cual permite un respiro democrático.
El clima de descontento popular agravado por el Caracazo fue seguido en 1992 por dos intentos de golpe de estado: uno en febrero y otro en noviembre. Se trataba de una logia conspirativa que venía operando en el ejército desde 1982 y que ya tuvo un intento de golpe también frustrado en octubre de 1988. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la clase política y del bipartidismo tradicional, junto con el paquete de medidas aplicado hicieron propicio el momento para las intentonas golpistas que el presidente Pérez logró frustrar.
En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la presidencia por designación del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1994. El teniente coronel Hugo Chávez, uno de los conspiradores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído su caso por el presidente Rafael Caldera. Restituido en sus derechos políticos, el coronel golpista se presentaría posteriormente a las elecciones de 1998. Y las ganó. Ese sería el fruto político se la sedición que supuso el Caracazo, de la conspiración militar urdida durante décadas por un grupo considerable de mandos militares intermedios y del descontento y frustración de los venezolanos del momento.
Cifras
• Muertes: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, a consecuencia de una solicitud a los tribunales de Enrique Ochoa Antich a la sazón Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Italo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
• Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.
• Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. En la Pastora sólo quedó en pie el Abasto "El Guanábano", gracias a la protección de la Catequista "Alicia de Luis Ramos" y su hijo "Juan Miguel Luis Ramos"
• Incendios en Caracas: 154
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