Las actuales políticas buscan preservar puestos de trabajo, en lugar de crearlos. El desempeño en materia laboral en los últimos años ha estado atado a los resultados económicos. Los altos ingresos provocados por la renta petrolera llegan incluso hasta este campo, y allí radica la fuente generadora de puestos de trabajo de la economía venezolana.
Hasta los momentos el Gobierno exhibe con orgullo los datos que señalan una reducción de la desocupación a menos de un dígito, con miras a cerrar el año en 7%, según ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri.
Sin embargo, lo que se ha erigido como un triunfo de la actual administración tiene su epicentro no solo en el campo de los elevados ingresos petroleros, sino también en un redimensionamiento del Estado, a través de un incremento del número de empleos en el sector público, más que entre los privados.
Es así como la cantidad de trabajadores ha crecido con una mayor velocidad en el sector gubernamental que en la empresa privada en el transcurso del último año. Mientras que la generación de empleos entre los privados creció a un ritmo de 3,5% entre 2005 y 2006, la nómina del sector público se incrementó en 7,5% para el mismo período.Desocupación sin inversiones Ya lo dijo el ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, en mayo de este año cuando señaló que la disminución del desempleo a corto plazo es inviable debido a la insuficiencia de los recursos provenientes de la renta petrolera para la motorización del mercado de trabajo en Venezuela.
Y es que uno de los factores que golpea con mayor fuerza en este tema es la poca inversión privada que se ha registrado en los últimos años, y desde el Gobierno han advertido que la industria -que ya opera al 90% de su capacidad, según datos oficiales- debe sumergirse en un proceso de inyección de capitales para lograr incrementar los niveles de productividad y, por ende, generar empleo.
Con un panorama de expansión del gasto y una demanda desbordada, a la que se adiciona un sector manufacturero comprimido, la solución inmediata son las importaciones, que pocas soluciones aportan al mercado laboral.
Medidas de alcance nulo En el marco de las políticas definidas desde el Ministerio del Trabajo, referidas más bien al mantenimiento de los empleos que ya existen, se han aplicado una serie de medidas coyunturales que se han mantenido en el tiempo, así como decretos que se centran en preservar el empleo, más que en generarlo.
Un ejemplo de ello es la aplicación de la solvencia laboral, que busca el respeto a los derechos de los trabajadores y que se garantice el derecho al trabajo, en el marco de otra de las medidas bandera de este Gobierno: la inamovilidad laboral.
Aun cuando la crisis económica generada por el paro petrolero y la inestabilidad política provocada por el golpe de Estado son historia antigua, el despacho de los asuntos laborales ha insistido en mantener la inamovilidad, tanto así que desde la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de convertir la temporalidad en algo fijo.
De tal manera, la Ley de Estabilidad Laboral, de la que poco se tiene adelantado, se alza como una posibilidad de producir mayor estabilidad para los trabajadores.
En todo caso, quedan muchos cabos sueltos en materia de normas laborales. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo está pendiente desde la aprobación de la Constitución nacional, en 1999. Se prevé que esta normativa conlleve al regreso a la retroactividad de las prestaciones, así como la reducción de la jornada laboral.
Otro instrumento en mora es la Ley de Seguridad Social, que todavía no se aplica por falta de instrumentos legales.
stejero@eluniversal.com
Hasta los momentos el Gobierno exhibe con orgullo los datos que señalan una reducción de la desocupación a menos de un dígito, con miras a cerrar el año en 7%, según ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri.
Sin embargo, lo que se ha erigido como un triunfo de la actual administración tiene su epicentro no solo en el campo de los elevados ingresos petroleros, sino también en un redimensionamiento del Estado, a través de un incremento del número de empleos en el sector público, más que entre los privados.
Es así como la cantidad de trabajadores ha crecido con una mayor velocidad en el sector gubernamental que en la empresa privada en el transcurso del último año. Mientras que la generación de empleos entre los privados creció a un ritmo de 3,5% entre 2005 y 2006, la nómina del sector público se incrementó en 7,5% para el mismo período.Desocupación sin inversiones Ya lo dijo el ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, en mayo de este año cuando señaló que la disminución del desempleo a corto plazo es inviable debido a la insuficiencia de los recursos provenientes de la renta petrolera para la motorización del mercado de trabajo en Venezuela.
Y es que uno de los factores que golpea con mayor fuerza en este tema es la poca inversión privada que se ha registrado en los últimos años, y desde el Gobierno han advertido que la industria -que ya opera al 90% de su capacidad, según datos oficiales- debe sumergirse en un proceso de inyección de capitales para lograr incrementar los niveles de productividad y, por ende, generar empleo.
Con un panorama de expansión del gasto y una demanda desbordada, a la que se adiciona un sector manufacturero comprimido, la solución inmediata son las importaciones, que pocas soluciones aportan al mercado laboral.
Medidas de alcance nulo En el marco de las políticas definidas desde el Ministerio del Trabajo, referidas más bien al mantenimiento de los empleos que ya existen, se han aplicado una serie de medidas coyunturales que se han mantenido en el tiempo, así como decretos que se centran en preservar el empleo, más que en generarlo.
Un ejemplo de ello es la aplicación de la solvencia laboral, que busca el respeto a los derechos de los trabajadores y que se garantice el derecho al trabajo, en el marco de otra de las medidas bandera de este Gobierno: la inamovilidad laboral.
Aun cuando la crisis económica generada por el paro petrolero y la inestabilidad política provocada por el golpe de Estado son historia antigua, el despacho de los asuntos laborales ha insistido en mantener la inamovilidad, tanto así que desde la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de convertir la temporalidad en algo fijo.
De tal manera, la Ley de Estabilidad Laboral, de la que poco se tiene adelantado, se alza como una posibilidad de producir mayor estabilidad para los trabajadores.
En todo caso, quedan muchos cabos sueltos en materia de normas laborales. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo está pendiente desde la aprobación de la Constitución nacional, en 1999. Se prevé que esta normativa conlleve al regreso a la retroactividad de las prestaciones, así como la reducción de la jornada laboral.
Otro instrumento en mora es la Ley de Seguridad Social, que todavía no se aplica por falta de instrumentos legales.
stejero@eluniversal.com
ppmt2006.-
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