F. M. Pérez
Valencia, la capital automotriz de Venezuela, tiene sus calles y avenidas cundidas de vehículos importados, de los más variados modelos, marcas y precios. Igual las demás ciudades y las carreteras de la nación. Un fenómeno económico nunca antes visto, desde que arrancó en firme la industrialización del país. Al cerrar octubre pasado, las estadísticas oficiales daban cuenta de que en los primeros 10 meses del 2007, habían ingresado 267.587 carros nuevos de origen foráneo, duplicando la oferta de las ensambladoras internas, que apenas pusieron en el mercado unas 129 mil 34 unidades.
Esa distorsión había llegado como preocupación de la industria automotriz venezolana, a las mesas de trabajo del gabinete ejecutivo, desde hacía tiempo, entendiéndose como una realidad grave de incidencia directa en la economía, y sobre todo por los efectos perniciosos en las fuentes de empleos y la distribución de la riqueza nacional.
Con fecha 31 de octubre pasado, mediante resolución conjunta de los despachos de Finanzas, Industrias Ligeras y Comercio y de Energía y Petróleo, se aprobó una nueva política automotriz, que si es cierto no atiende todas las expectativas e inquietudes del sector que agrupa a las ensambladoras de vehículos y a los fabricantes de auitopartes, como estrategia del gobierno definió y estableció varios lineamientos importantes, que bien entendidos y aplicados pudieran mejorar y consolidar la situación de la producción, mercado y usuarios automotrices.
En la segunda consideración de la citada resolución, el gobierno del presidente Chávez tangencialmente reconoce la necesidad de revisar lo que hasta ahora ha sido una conducta anómala de política industrial, al apuntar que "por cuanto es necesario continuar impulsando la producción nacional de vehículos automotores, motocicletas, tractores y motocultores agrícolas, remolques, semiremolques y autopartes; así como disminuir las importaciones de vehículos en función del pleno desarrollo de las potencialidades, capacidades y soberanía productiva" se resuelve: Artículo 1.- "A partir del 1ro. de enero del 2008 la importación de vehículos ensamblados requerirá de licencia de importación emitida a solicitud de la parte interesada, por el ministerio para las Industrias Ligeras y Comercio".
Con apego a lo anterior la medida conjunta responde, de alguna manera, a las preocupaciones de la industria nacional, ya que la razón primaria es producir para atender las necesidades de bienes y servicios, generar empleos bien remunerados y estimular la solidez de la riqueza y el bienestar colectivo, como fin último, todo lo cual cae en riesgo con políticas de Estado que por el contrario estimulen las importaciones en detrimento del esfuerzo privado nacional.
En este contexto, el fondo y objetivo de la resolución gubernamental que apareció en la gaceta oficial 38.800, procura solventar las distorsiones que concurren en el mercado automotriz venezolano, sometido a las presiones de las importaciones desmesuradas por falta de controles o definiciones claras, que hasta han llegado a permitir contrasentidos, como es el caso de que en una proporción importante, los vehículos importados vienen en cargas y con destino de las propias ensambladoras establecidas en el país.
Esto último no queda eliminado de cuajo en la disposición, sino sometido a restricción, tal cual lo fija el artículo 5, cuando expresa, textualmente: "Las empresas ensambladoras y las comercializadoras de vehículos, deberán consignar anualmente su plan de producción nacional y su plan de importación de vehículos, según corresponda, durante el mes de septiembre de cada año, ante el ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Aquellas empresas ensambladoras y comercializadoras que tengan entre sus planes la importación de vehículos, deberán tramitar su solicitud antes del día 30 de septiembre de cada año".
Limitaciones
La obligación establecida que limita las importaciones de vehículos en forma desmesurada como se ha realizado hasta ahora, fija una excepción para el año en curso, dado a que la resolución fue promulgada hace apenas días, trascurrido ya el 30 de septiembre, por lo que los interesados en estas actividades de comercio internacional a realizarse en el 2008, tienen plazo perentorio hasta el 30 de este mes de noviembre, para hacer las gestiones pertinentes para la obtención de las licencias y el otorgamiento de las divisas correspondientes, en las condiciones determinadas en el artículo 5 de la medida conjunta.
Para el otorgamiento de las licencias de importación de vehículos, el MILCO establecerá cada año el cupo o cantidades de unidades que podrán ser traídas de los mercados externos, mediante la aplicación de criterios conforme a las necesidades del mercado y condiciones del país, capacidad de producción de las ensambladoras nacionales, precios y otras imponderables, toda vez que el propósito central del gobierno será, en adelante, el estímulo a la producción interna, en vez de lo que está ocurriendo actualmente, cuando la proporción es la importación de dos vehículos por cada unidad producida en el país. El cumplimiento de la licencia previa será un requisito indispensable para el acceso a las divisas de CADIVI, y el procedimiento aplicará igual para los organismos públicos y personas en particular que tengan interés de la importación de estos bienes.
Resultan un poco claras las bondades de las normas incorporadas a la estrategia de política automotriz, que ahora mismo son objeto de análisis de los sectores involucrados, y materia de discusión entre el gobierno y los industriales ensambladores y fabricantes de partes, de manera de allanar dificultades en la correcta aplicación o instrumentación de los derechos y obligaciones, y para que no se quede su contenido en simples manifestaciones de "buenas intenciones" o mandatos en letras muertas, como suele ocurrir y ha ocurrido con tantas decisiones oficiales.
ppmt2007/Diario El Carabobeño.-
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