Una ley, un botón OFF para la comunicación

Citamos textualmente al medio de comunicación social:

El proyecto de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, norma que no formó parte del cuerpo de 26 leyes aprobadas dentro de los poderes habilitantes, pero que sí recibió la buena pro acerca de su carácter orgánico por parte de la Sala Constitucional del TSJ y que está en el seno de la Asamblea Nacional para su aprobación, otorga poderes absolutos al presidente de la República, para que, ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la estabilidad de la nación, pueda suspender la transmisión de las telecomunicaciones.

La 11º disposición, enmarcada en el título XVII de las Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatorias, establece que: “La Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá, cuando así lo exigiere el orden público, la seguridad o los intereses de la Nación, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, hasta tanto cesen los motivos que dieron origen a la decisión, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Con ello, el Gobierno Nacional busca censurar el derecho a la información de los más de 27 millones de venezolanos cuando lo crea conveniente, amparándose en los intereses del país y, además, viola de forma clara parte del artículo 337 de la Constitución Nacional, que establece que el derecho a la información está consagrado ante cualquier eventualidad, incluso ante la declaración de un estado de excepción.

La Disposición en la nueva Ley de Telecomunicaciones, en pocas palabras aniquila el derecho a la comunicación y la libertad de información de los venezolanos por disposición del Estado, en caso de que éste vea amenazado sus intereses y ello implica, desde el envío de un mensaje de texto, pasando por las señales de televisión, radio, transporte de datos, Internet, hasta las vías generales de telecomunicaciones y redes, además de que el Estado tendrá la potestad de incluso tumbar, cuando lo considere necesario, todas las comunicaciones por voz, datos, video y cualquier otro medio que se invente o por inventarse.

Para ello, la nueva Ley, que inmediatamente derogará la promulgada en el año 2000 cuando se apruebe y aparezca en Gaceta Oficial, se protege en el artículo 5 que define a las telecomunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros electromagnéticos afines, inventados o por inventarse”.

La disposición final, así como gran parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones, vulnera aún más la seguridad jurídica, los derechos constitucionales de los venezolanos y, además, regula la inversión extranjera en el sector en el país, todo ello sin contar que el Estado será el gran regulador de la actividad a través del Ministerio para las Telecomunicaciones y que la posibilidad de la Consulta Pública, una de las grandes promesas de la Quinta República para dar participación a todos los ciudadanos, ha quedado eliminada de la nueva Ley, por lo que, desde su aprobación, el Gobierno legítimamente no consultará con nadie cualquier decisión que afecte o beneficie al sector de las telecomunicaciones en Venezuela.

Burn in

La nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que está por aprobarse en el seno de la Asamblea Nacional sin ser consultada con ningún sector afín en el país, también decreta que el nuevo Fondo de Servicio Universal, no sólo servirá para que, con el aporte del 1% de los ingresos brutos de las empresas privadas, puedan desplegarse proyectos sociales en Venezuela, sino que además, el artículo 202 establece que el Estado podrá hacer donaciones a otros países.

Lo más grave de la norma no sólo está en la empresa que ejecutará todos los proyectos, que por disposición de los redactores de la Ley será la Cantv y que deja fuera de juego al resto del sector, salvo contadas excepciones, sino que a partir de ahora, el aporte de los privados del que se nutre el Fondo, servirá para que el Estado, legalmente, haga donaciones de redes y servicios a otros países, más cuando en el país existen grandes desigualdades y el Fondo actual tiene más de $300 millones engavetados sin ser invertidos en proyectos sociales y lo poco que se ha invertido en los últimos años, ha sido para el beneficio propio del Gobierno y sus entes gubernamentales.

Fuente: Diario Tal Cual.

ConCafe/ppmt.-