A cinco años del fallido golpe de Estado que sacó al presidente Hugo Chávez del poder por dos días, sectores oficialistas y autoridades judiciales buscan reavivar los procesos contra los participantes de la intentona, entre ellos el fugaz líder del gobierno de facto, el empresario Pedro Carmona Estanga.Tan solo cuando faltaban dos días para el aniversario, el Tribunal Supremo de Justicia acordó el lunes la extradición del empresario Carmona, cuyo caso permaneció en el limbo jurídico por varios años después del asilo que le concedió Colombia un mes después de la rebelión de abril del 2002.
El ex gobernante de facto, quien reside en la actualidad en Bogotá, fue acusado por la fiscalía del delito de rebelión civil. El fiscal general, Isaías Rodríguez, dijo recientemente que el asilo que le concedió el gobierno colombiano a Carmona en mayo del 2002 es "ilegal", debido a que "quien comete un delito común, no político como quieren hacer ver, y tenga una privativa de libertad acordada por un Tribunal, no puede otorgársele dicha medida".
Coincidencialmente, el pasado 9 de abril un tribunal local extendió por 180 días la prohibición de salida del país a 27 opositores señalados de participar en la elaboración y firma del decreto con el cual Carmona derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes.
Asimismo, la Asamblea Nacional decidió el martes reabrir el proceso de los sucesos de abril del 2002 e investigar la actuación de los medios de comunicación privados, que han sido acusados por Chávez de propiciar la intentona y ocultar las protestas que realizaron simpatizantes del gobierno para exigir en retorno del mandatario.
La presidenta de la AN, la diputada oficialista Cilia Flores, justificó la reapertura de la investigación -que se inició en el 2002- afirmando que hace falta "erradicar la impunidad que existe".
Isaías Rodríguez expresó el pasado 27 de marzo que el fallido golpe del 2002 "no está impune, ni quedará impune". Precisó que por eso hechos hay 73 imputados, 32 acusados, 8 condenados, 13 solicitudes de privativas de libertad con órdenes de captura, 11 detenidos, 43 prohibiciones de salida de país, 16 personas sometidas a presentación y 13 personas prófugas.
Insuficiencia de investigación
Alfredo Romero, representante legal de un grupo de víctimas que murieron o resultaron heridas en la multitudinaria marcha opositora del 11 de abril del 2002, denunció el miércoles la "ausencia de investigaciones" por parte de las autoridades judiciales.
Romero dijo a la prensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó abrir un proceso sobre los eventos del 2002 luego de reconocer que "en Venezuela hay insuficiencia de investigación, y parcialidad por parte del Ministerio Público en la investigación".
El abogado indicó que de los 19 asesinatos que ocurrieron en la capital durante los violentos disturbios callejeros, la Fiscalía sólo ha investigado dos homicidios y detenido a tres jefes policiales y un grupo de policías.
La abogada Bonny Simonovis, esposa del comisario Iván Simonovis, quien está detenido desde hace dos años y medio a la espera de sentencia, denunció este miércoles que su marido y los otros dos jefes policiales están siendo objeto de maltratos y que esta semana fueron trasladados a suerte de "jaulas especiales".
La jurista dijo que los tres comisarios iniciaron el miércoles una huelga de hambre para exigir que los saquen de las "jaulas". "Esto es un ensañamiento, como que si no le bastaran con habernos destruido la vida a toda la familia, ellos quieren más", acotó. (AP)
Artículo enviado desde la página web del Diario El Carabobeño
ppmt2007.-
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